Consejo Escolar de Canarias solicita un plan de acción y un observatorio de datos en la ley de autoridad del profesorado.
La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, ha hecho un llamamiento para que la ley de autoridad del profesorado que se está debatiendo en el Parlamento incluya un plan de acción con formación continua y un observatorio para monitorear la convivencia en las aulas.
Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Educación y Deportes, Álvarez destacó la importancia de reconocer el papel de los docentes, quienes son fundamentales en el sistema educativo y garantizan la seguridad de la sociedad junto con los centros escolares.
En este sentido, enfatizó en la corresponsabilidad educativa como motor del sistema, resaltando el rol del profesor como autoridad moral y líder en la transmisión de conocimientos. Además, mencionó que el Consejo Escolar está preparando un informe sobre la realidad educativa en las islas.
Según datos del Gobierno de Canarias y el ‘Informe Talis’ de la OCDE, los problemas de convivencia son más pronunciados en la educación secundaria que en la primaria, siendo la burocracia excesiva y la falta de recursos, personal de apoyo y administrativo las principales demandas identificadas.
Álvarez subrayó la necesidad de que la ley sirva como un «paraguas» con acciones concretas, centradas en la formación continua para brindar seguridad emocional a los docentes y fortalecer su liderazgo pedagógico. También abogó por estudios que analicen la conflictividad en los centros educativos, especialmente en áreas urbanas, promoviendo el consenso como vía para avanzar en la comunidad educativa.
En cuanto a la opinión de Udeca, representada por Daniel Rodríguez y Javier Lechado, expresaron que la ley actual no aporta elementos concretos ni medios adicionales para la comunidad educativa. Consideran que la normativa es redundante, ya que todas las medidas ya están contempladas en la legislación del archipiélago.
Además, señalaron la falta de respeto generalizada en los centros educativos y vincularon los entornos cargados con un aumento de la marginalidad y la pobreza en algunas zonas. Destacaron la importancia de valorar la figura del profesor y abogaron por un enfoque que no convierta la ley en un arma a favor del profesorado.
En resumen, la discusión en torno a la ley de autoridad del profesorado en Canarias destaca la importancia de fortalecer la formación continua, el reconocimiento social de los docentes y la promoción de un ambiente escolar respetuoso y colaborativo para garantizar una educación de calidad.
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