El Gobierno amenaza a Canarias con el TC si abona un complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha revelado que el Gobierno central ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si la comunidad autónoma abona el complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas. Esta medida adicional se planteó como una forma de apoyar a las rentas más bajas a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, ante la demora del Estado en cumplir con la modificación de la Ley de la Seguridad Social.
Según Delgado, el Gobierno de Canarias ha trabajado cuidadosamente durante dos años en este tema, reconociendo la necesidad de complementar las pensiones no contributivas. Se ha buscado garantizar la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones del sistema nacional, evitando que las ayudas autonómicas afecten negativamente a las prestaciones.
Actualmente, en Canarias hay alrededor de 43.934 pensionistas no contributivos, con un número significativo de personas que viven con ingresos ajustados en un entorno insular con costos de vida elevados. A pesar de la importancia de estas prestaciones en la estructura social de la región, el Gobierno central ha expresado su preocupación por la posible inconstitucionalidad de la medida propuesta por el Gobierno de Canarias.
A pesar de las advertencias, la intención de la comunidad autónoma es ofrecer una respuesta a quienes más lo necesitan, sin comprometer las pensiones estatales y mejorando el nivel de vida de aquellos que dependen exclusivamente de una pensión no contributiva en Canarias. La propuesta de modificar la Ley General de la Seguridad Social busca garantizar un marco legal que permita el desarrollo de este complemento en la región ultraperiférica, sin que afecte negativamente a los beneficiarios.
En resumen, la iniciativa de la Consejería de Bienestar Social busca garantizar un apoyo adicional a las personas más vulnerables de Canarias, aunque se enfrenta a la posibilidad de un conflicto legal con el Gobierno central. La prioridad es mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de pensiones no contributivas en un entorno con costos de vida elevados y dificultades de acceso a servicios.
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