La Gomera solicita que las ayudas al sector primario beneficien a pequeñas explotaciones
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La vicepresidenta tercera del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, ha solicitado este jueves en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias que se verifique si las ayudas extraordinarias al sector primario benefician a las pequeñas explotaciones de la isla. Durante el debate sobre el proyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, García Meneses enfatizó la necesidad de que las funciones asumidas por los cabildos cuenten con personal técnico y financiación adecuada.
Modificaciones en las Ayudas al Sector Primario
El Decreto ley 7/2026, aprobado el 30 de octubre, introduce cambios en las ayudas previamente establecidas en abril para compensar los sobrecostes derivados de la crisis en Oriente Medio. La vicepresidenta valoró positivamente la reducción a 30 euros del importe mínimo subvencionable en agricultura, lo que facilitará el acceso a las explotaciones más pequeñas. En el ámbito ganadero, destacó que la ayuda para la compra de pienso mantiene un incremento del 16% por doble insularidad y solicitó información sobre cuántas explotaciones familiares no alcanzan el mínimo exigido de cinco unidades de ganado mayor.
Colaboración y Transparencia en Subvenciones
García Meneses también pidió que el Gobierno de Canarias y los cabildos compartan información sobre las subvenciones bajo el régimen de ayudas de minimis. El límite acumulado por beneficiario es de 50.000 euros en agricultura y ganadería, y 40.000 euros en pesca, lo que implica que una ayuda insular previa podría reducir la cantidad que un productor puede recibir a nivel autonómico.
En relación con la flota artesanal gomera, solicitó verificar cómo se considerarán los gastos de transporte y ofreció la colaboración del Cabildo para ayudar a los productores con la tramitación electrónica. “Sería conveniente reforzar la asistencia administrativa para esta gestión”, añadió.
Aclaraciones sobre la Ley de Biodiversidad
Respecto a la futura ley de biodiversidad, García Meneses defendió que cada autorización ambiental debe contar con un órgano responsable y que se especifiquen claramente los informes necesarios y sus plazos. También reclamó claridad sobre quién financiará los planes insulares para la recuperación de especies y las campañas contra especies invasoras, tareas que requieren personal especializado.
Añadió que se debe priorizar la colaboración cuando un cabildo enfrente retrasos por falta de recursos o esté esperando autorizaciones de otras administraciones. Además, planteó revisar si el año previsto para adaptar los centros de recuperación de fauna silvestre es suficiente para adecuar instalaciones, equipamiento y plantillas. “Nuestro objetivo es que la ley pueda aplicarse con seguridad jurídica y eficacia”, concluyó.
