El Parlamento canario responsabiliza a Torres y consejeros de Sanidad por contratos durante la pandemia.
La comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha concluido que el expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, son responsables políticamente de los contratos realizados durante la pandemia de covid-19, que ascendieron a casi 100 millones de euros.
Según el informe preliminar de la comisión, se considera «lógico» que aquellos miembros del Gobierno que se han atribuido los buenos resultados pandémicos también asuman la responsabilidad por aquello que no funcionó. Se hace referencia a la responsabilidad política de los miembros del Gobierno en el marco del régimen parlamentario.
Se destaca la responsabilidad en el nombramiento de Conrado Domínguez al frente del SCS, así como las decisiones cuestionables en la contratación de material sanitario, con casos como el de RR7 United, donde se pagaron cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca llegaron.
La comisión también critica la falta de controles adecuados en las compras, las diferencias de precios entre proveedores y la elección de proveedores sin solvencia contrastada. Se propone reformar la ley de contratos públicos para reforzar los controles de legalidad, crear unidades de crisis y establecer un registro preventivo de empresas.
En resumen, se señala una gestión imprudente en la contratación de material sanitario durante la pandemia, con consecuencias económicas para la Hacienda Canaria y la salud pública, evidenciando una preocupante falta de supervisión y control en la toma de decisiones.
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