Canarias implementará seis nuevos tribunales de instancia el 31 de diciembre según la ley de eficiencia.
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reunió en Santa Cruz de Tenerife con la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia para discutir los modelos de oficina judicial en la tercera y última fase de la implantación de los tribunales de instancia. Esta fase, establecida en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, incluye la puesta en marcha de los tribunales de instancia de los partidos judiciales el 31 de diciembre, abarcando localidades como Santa Cruz de la Palma, Santa María de Guía, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En total, se agruparán 152 juzgados unipersonales, así como las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justicia.
En la reunión estuvieron presentes autoridades como el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, la fiscal superior de Canarias, María Farnés, entre otros representantes. El objetivo principal fue consensuar los modelos de oficina judicial de los seis partidos judiciales, basándose en datos de población, número de asuntos y ejecuciones obtenidos del sistema de gestión procesal Atlante y la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se propusieron diferentes modelos, incluyendo servicios como el servicio común de tramitación (SCT), servicio común general (SCG) y servicio común de ejecución (SCEJ), además de áreas específicas.
El Gobierno destaca la especialización y diversificación de servicios para atender la complejidad y volumen de trabajo, con un equipo integrado por letrados de la Administración de Justicia, como gestores, tramitadores y auxilios judicial. Se contemplan también servicios transversales como el servicio de guardia, coordinación con la oficina fiscal, con las oficinas de justicia en los municipios, equipos de solución de controversias provinciales, centros penitenciarios y Registro Civil.
Una vez finalizadas las negociaciones del diseño y las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), se procederá a la implementación de la Oficina Fiscal, cumpliendo así los compromisos adquiridos por la Consejería en este proceso de mejora del servicio de justicia pública.
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