ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha tildado de «burla» a Lanzarote el incumplimiento del Gobierno de España con el refuerzo «anunciado y prometido» de efectivos de la Policía Nacional en la isla.
En un comunicado, el máximo dirigente insular ha manifestado su profunda decepción y malestar por esta situación, calificándola como «un nuevo desprecio institucional que atenta contra la seguridad ciudadana y el respeto a Lanzarote».
Aquí apuntó que a pesar de que el Ministerio del Interior había ampliado el catálogo de puestos de trabajo en enero de este año en 47 plazas –45 destinadas al puesto fronterizo del aeropuerto César Manrique-Lanzarote y 2 a la Comisaría de Arrecife– la realidad es que en el concurso oficial de traslados solo se han aumentado en 2 el número total de agentes, entre los que llegan destinados y se van a otros destinos, y posteriormente solo se han ofertado 11 vacantes para policías de nuevo ingreso, de las 45 vacantes existentes.
Al respecto, apuntó que esta cifra, calificada por Betancort como «ridícula y ofensiva», queda muy lejos de la necesidad real y de lo comprometido con los ciudadanos.
El presidente, también diputado nacionalista en el Parlamento de Canarias, recordó que dio por ciertas el pasado miércoles en sede parlamentaria las promesas del director insular de la Administración General del Estado de Lanzarote, Pedro Viera, y por ende del Ministerio del Interior, «para al día siguiente conocer que nos habían engañado de muy malas maneras».
«Nos han engañado sin ningún tipo de respeto a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa. El Gobierno central hace de nuevo grandes anuncios, pero ha vuelto a fallar en lo esencial: cumplir con su palabra y garantizar la seguridad de los territorios extrapeninsulares», denunció.
El presidente insular ha exigido al Ministerio del Interior «la inmediata convocatoria de todas las vacantes de Canarias, sin más excusas ni retrasos» y reiteró que la seguridad de Lanzarote «no puede seguir siendo moneda de cambio política ni víctima del olvido institucional. La seguridad no es un privilegio, es un derecho».
