La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha calificado el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Gobierno y Cataluña como un «robo» y un «atraco a mano armada» a Canarias.
En una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, Dávila expresó su apoyo al presidente regional, Fernando Clavijo, en una «nueva batalla para evitar que se desvíe ni un solo euro de Canarias hacia Cataluña».
Dávila criticó especialmente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señalando que, como expresidente autonómico, debería comprender cómo se siente y duele cada céntimo que se le quita a Canarias.
La presidenta tinerfeña estimó en 2.500 millones la cantidad que Canarias perdería si se interviene en la caja común, instando a todos los presidentes de los cabildos a unirse a esta «batalla» para que las islas no pierdan ni un céntimo.
Advirtió sobre el impacto devastador que tendría en los servicios básicos y opinó que el acuerdo se firmó para mantener a Pedro Sánchez en la presidencia, enriqueciendo a los catalanes a expensas de los canarios.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, afirmó que el acuerdo implica la concesión de un privilegio no contemplado en la Constitución ni en los mecanismos de financiación autonómica.
Según Afonso, lo previsto era abordar de manera conjunta la reforma del sistema de financiación que Canarias espera para equilibrar sus servicios esenciales.
Afonso denunció que el acuerdo es injusto y profundamente insolidario, revirtiendo el principio constitucional de solidaridad entre territorios que buscaba apoyar a quienes tenían mayores dificultades.
En su opinión, ahora son los demás quienes deben financiar a los que más tienen, a quienes ya reciben una parte importante de lo recaudado en impuestos directos como el IRPF.
También consideró que el acuerdo es inmoral, ya que no responde a una necesidad objetiva, sino a un compromiso para prolongar la legislatura y asegurar apoyo parlamentario contra la corrupción que afecta a Pedro Sánchez.
Por tanto, el equipo de gobierno insular rechaza frontalmente el acuerdo y presentará una moción institucional de rechazo en el próximo Pleno.
