Construcción de viviendas públicas en Santa Cruz con apoyo de Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado un convenio interadministrativo con la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para impulsar la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la isla.
Este acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública. Concretamente, se construirán 37 viviendas en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas. Estas viviendas se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que se encargará de la gestión y la adjudicación.
El convenio contempla una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. El objetivo principal es reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.
Según lo establecido en el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., será responsable de la promoción y ejecución de las obras, así como de la aportación del suelo y los costes de urbanización. Una vez finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.
Por otro lado, el Cabildo participará en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de esta importante actuación y reforzando la cooperación entre las diferentes administraciones involucradas.
Todas las viviendas construidas en el marco de este acuerdo serán consideradas viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente. Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.
Las promociones se llevarán a cabo siguiendo los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, con un enfoque en estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el fin de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.
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