El jurado declara culpables de cohecho al General Espinosa, Antonio Bautista y Navarro Tacoro en el ‘caso Mediador’
El tribunal de jurado de la primera pieza del ‘caso Mediador’, después de cinco días de juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha declarado culpables de un delito de cohecho al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.
Según el veredicto leído tras más de 24 horas de deliberación, se encontró un «patrón de conducta» en el que se desarrollaba una estrategia de pagos para que la empresa de Bautista obtuviera contratos en el sector de la energía solar en las islas. Se destacó la «correlación» entre las extracciones bancarias de dinero en metálico y las reuniones.
Se hizo hincapié en que Espinosa Navas pertenecía a la Guardia Civil, recibiendo emolumentos vía nómina del instituto armado, a pesar de estar en la categoría de servicios especiales en el momento de los hechos. Se señaló que trabajaba para la FIIAPP en un proyecto en El Sahel y que se presentaba como general de la Guardia Civil en su tarjeta de visita.
El jurado también concluyó que los regalos que recibía Espinosa «no tenían sentido si no había una intención ilícita», ya sea por beneficio económico o como parte de una futura carrera laboral en la empresa de Bautista tras su jubilación. Se basaron en una grabación en la que tanto Navarro como Bautista hablaban de sobornos.
En cuanto a las penas, la Fiscalía Anticorrupción solicitó un año de cárcel, mostrándose «prematuro» en fijar posición sobre la suspensión. Sin embargo, no se opuso a la suspensión en el caso de Bautista, pero argumentó que no había razones para el mediador debido a su historial delictivo y peligrosidad criminal, además de su implicación en otras piezas con penas más altas.
La defensa de Bautista pidió reducir la pena a nueve meses, mientras que para el general se solicitó dejarla en el mínimo exigible, considerando su tiempo en prisión. Para el mediador se propuso una pena de 5 meses y 15 días, argumentando la cancelación prácticamente completa de sus antecedentes penales y la existencia de otras piezas por juzgar.
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