El Cabildo de Fuerteventura aprueba reglamento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Este órgano aportará mayor inmediatez y eficacia en los procedimientos de contratación
El Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, definitivamente, el reglamento orgánico del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales a nivel insular. Un paso necesario para la creación de este órgano especializado y autónomo que ostentará la competencia para resolver los recursos especiales en materia de contratación que surgen en los procedimientos administrativos de contratación pública. De esta forma, se agiliza, administrativamente, el trabajo de la Corporación insular.
El pasado 27 de diciembre, el Pleno del Cabildo aprobó la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Además, en dicha sesión plenaria se aprobó su reglamento de forma inicial, que fue sometido a un periodo de información pública. Pasados dicho periodo sin recibir reclamaciones o sugerencias, el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas publicó este miércoles, 26 de febrero, la aprobación definitiva del reglamento.
Tras su aprobación definitiva, explica el consejero de Contratación Pública, Luis González, “se convoca un proceso selectivo para designar al titular del tribunal y poder empezar a trabajar desde este órgano”.
El Cabildo de Fuerteventura será una de las primeras instituciones insulares, en contar con un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Este instrumento permitirá reducir los plazos de resolución de los recursos especiales en materia de contratación de unos 4 meses a alrededor de 15 días, dando amparo, además, a aquellos ayuntamientos de la Isla que consideren oportuno vincularse.
El Tribunal Administrativo sobre Recursos Especiales en Materia de Contratación Pública constituye, por lo tanto, uno de los proyectos más innovadores del Cabildo de Fuerteventura, en lo que se refiere a organización y funcionamiento interno, aportando mayor celeridad administrativa a la contratación pública, pero sin descuidar la seguridad jurídica.
