Refuerzan inspecciones contra transporte ilegal en Lanzarote
La Inspección de Transportes, en colaboración con las autoridades locales y la Guardia Civil, está intensificando las inspecciones para combatir el crecimiento de servicios de transporte ilegales que operan al margen de la ley y sin garantías para los usuarios.
El Cabildo de Lanzarote, a través de su Servicio de Inspección de Transportes dirigido por el consejero Miguel Ángel Jiménez, ha reforzado su vigilancia ante el preocupante aumento del transporte ilegal de pasajeros que se ofrece a través de redes sociales y plataformas digitales con nombres como «Uber» u otros similares. Estas prácticas, que carecen de control y autorización administrativa, están siendo investigadas minuciosamente, con 44 casos abiertos por presuntas infracciones muy graves.
Se han identificado más de 40 líneas telefónicas relacionadas con ofertas de transporte no autorizado, lo que evidencia una actividad organizada en expansión que representa un riesgo real para la seguridad de los usuarios y una competencia desleal para el sector del taxi y el transporte discrecional de pasajeros.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado la firme actuación de la institución para erradicar estas prácticas ilegales y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para actuar con responsabilidad. El consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, ha advertido sobre la competencia desleal e intolerable que suponen estos servicios no regulados para el taxi legal, y ha asegurado que se están aplicando sanciones en coordinación con las autoridades competentes.
Los vehículos que ofrecen estos servicios sin autorización no cumplen con los controles técnicos requeridos, los conductores pueden carecer de formación o licencia válida, y en caso de incidentes, ni el conductor ni el vehículo responden legalmente, dejando al usuario en una situación de vulnerabilidad.
El Cabildo recuerda que prestar servicios de transporte sin autorización es una infracción muy grave, con multas que van desde 4.001 hasta 6.000 euros y la inmovilización del vehículo, según la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Incluso la simple oferta de estos servicios a través de redes sociales o plataformas no reguladas puede conllevar sanciones.
Se hace un llamamiento a la población para utilizar exclusivamente servicios de transporte público autorizados y evitar contratar servicios que no garanticen su legalidad. Es fundamental garantizar la seguridad y legalidad en el transporte de pasajeros, protegiendo tanto a los usuarios como a los profesionales del sector.
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