
Rectores de las universidades públicas canarias expresan su malestar por la elaboración de la ley de ciencia
Los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García (ULL) y Lluis Serra (Ulpgc), respectivamente, han remitido una carta conjunta a los grupos parlamentarios para expresar su «profundo malestar» con la elaboración de la ley de ciencia.
«Lamentamos no haber sido invitadas a participar ni consultadas durante la redacción de dicho anteproyecto, pese a que nuestras instituciones aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el archipiélago», señalan.
En ese sentido, dicen que es «especialmente preocupante» que el Gobierno de Canarias no haya abierto un trámite de audiencia pública amplio de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, tal y como ha evidenciado en su dictamen el Consejo Consultivo de Canarias, con lo establecido en la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, «lo que pudiera ser constitutivo de nulidad».
Una oportunidad perdida para resolver los problemas de las universidades canarias
Por ello indican que este proceso constituye una «oportunidad perdida» pues el proyecto de ley, tal y como está formulado, «no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i».
Los rectores resaltan el carácter «estratégico e insustituible» de las universidades públicas en la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la transferencia tecnológica al tejido productivo y el desarrollo socioeconómico regional, y por ello reclaman una «visión ambiciosa» que proyecte a Canarias hacia un modelo de desarrollo sostenible apoyado en la innovación.
En ese sentido comentan que las universidades «están listas para liderar» junto al Gobierno ese proceso de transformación productiva basado en la ciencia y sostienen que es preciso construir un sistema de innovación propio que permita evolucionar desde economías basadas en sectores tradicionales hacia economías fundamentadas en la generación, distribución y uso del conocimiento.
«Potenciar la investigación pública, particularmente la universitaria, es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible a largo plazo, con mayor valor añadido y bienestar social», destacan.
Colaboración legislativa para una normativa robusta y eficaz
Los rectores confían plenamente en la «sensibilidad» de los grupos parlamentarios hacia las legítimas aportaciones de las universidades públicas canarias, y hacen un «llamamiento» para que sus propuestas sean consideradas e incorporadas en el trámite legislativo.
«Estamos convencidos de que, con la colaboración de todos, la Ley Canaria de la Ciencia resultante será una normativa robusta, moderna y eficaz, a la altura de los retos y oportunidades que Canarias merece afrontar en el ámbito del conocimiento», señalan.