Crean comisión para control de acceso a la vivienda en municipios de Canarias

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado crear una comisión de trabajo para establecer los instrumentos necesarios que permitan a los ayuntamientos controlar el acceso a la vivienda en sus municipios. El objetivo es favorecer la disponibilidad de viviendas para fijar población local y, al mismo tiempo, limitar la compra por parte de personas no residentes.
Estas herramientas deberán ser incluidas en la Ley estatal de Bases de Régimen Local, mediante una modificación que requerirá un consenso en Canarias y posteriormente ser elevado a la Federación Española de Municipios y al Congreso. Esta iniciativa busca ampliar y profundizar las competencias municipales para abordar el reto demográfico y el problema de acceso a la vivienda, estableciendo posibles restricciones a la adquisición de residencias.
La modificación propuesta pretende ampliar las competencias municipales en materias como ordenamiento, actividad turística, tributaria y empadronamiento, entre otras. Tanto el presidente, Fernando Clavijo, como Mari Brito, han destacado el papel fundamental que juegan los municipios en la resolución de la problemática de la vivienda, aunque también reconocen la responsabilidad del Estado en el diseño del modelo básico del régimen local.
Como referencia para esta modificación, se mencionan algunas experiencias en ciudades españolas y europeas. Por ejemplo, Bilbao ha calificado las viviendas de uso turístico como equipamiento en lugar de residencial, Amsterdam establece sanciones por viviendas desocupadas durante cierto tiempo, y ciudades como Hamburgo y Berlín han implementado políticas de expropiación para propiedades vacías.
A nivel estatal, Malta ha establecido requisitos de residencia para la adquisición de segundas residencias, y en Dinamarca se exige residencia permanente o haber vivido en el país durante cinco años para comprar una propiedad. Estas medidas buscan regular el acceso a la vivienda y garantizar su disponibilidad para la población local en un contexto de creciente demanda y escasez de recursos habitacionales.
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