Colectivos piden retirada del decreto canario de vivienda pública por ser discriminatorio

Colectivos piden retirada del decreto canario de vivienda pública por ser discriminatorio

El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y la plataforma Derecho al Techo han emitido un comunicado conjunto en el que exigen la retirada y la nulidad del decreto de vivienda pública aprobado por el Gobierno de Canarias que fija una residencia mínima de diez años en el archipiélago.

Consideran que este decreto es ilegal y jurídicamente impugnable, ya que vulnera normas de rango superior, como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española. Remarcan que un decreto no puede restringir, limitar ni reinterpretar derechos fundamentales reconocidos en la ley y la Constitución.

Aunque comparten la necesidad de modificar el sistema de adjudicación y pasar del modelo de sorteo a uno basado en la valoración de la vulnerabilidad social, económica y habitacional de las personas solicitantes, consideran inaceptable la imposición de requisitos discriminatorios y excluyentes que dejan fuera a miles de personas en situación de necesidad.

El requisito de diez años de residencia contradice el derecho a una vivienda digna y adecuada según el Estatuto de Autonomía de Canarias. Además, señalan que este decreto castiga a trabajadores y estudiantes canarios que se vieron obligados a emigrar y al retornar a su tierra son tratados como ciudadanos de segunda, vulnerando su derecho a la igualdad.

A nivel internacional, esta medida ignora normativas que obligan a garantizar el acceso a la vivienda para combatir la exclusión social, sin que este derecho pueda verse anulado por criterios de arraigo cronológico arbitrarios.

Entienden que este decreto contraviene el Derecho de la Unión Europea al imponer una residencia mínima de diez años que no protege a la ciudadanía ni incrementa el parque público de vivienda. Por tanto, exigen un proceso real de diálogo social para construir un sistema de adjudicación justo, legal y centrado en la vulnerabilidad, sin criterios excluyentes ni discriminatorios.

FUENTE

Ismael Buendía

Ismael Buendía

Soy Pablo Arranz, licenciado en ADE por la Universidad Complutense y con un máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo por ESIC. Me interesan el networking y el social media, y enfoco mi desarrollo profesional en la gestión del talento y la transformación organizativa.

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