Cabildos solicitan sensibilidad y equilibrio al alquilar de vacaciones.
Tenerife acepta una suspensión temporal de licencias, PSOE y NC-BC solicitan una moratoria y «Islas Verdes» abraza la vivienda turística
Los consejos canarios fueron algo escépticos el jueves con la ley de alquiler vacacional que se registró en el parlamento y, aunque mostraron a favor de su regulación, afirmaron «sensibilidad», para que sus propuestas sean escuchadas y participar en un equilibrio territorial.
Nereida Calero, ministra de presidencia, planificación territorial, accesibilidad, informática y nuevas tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, ha solicitado restricciones en los «plazos» que las administraciones exigen y que la nueva ley esté «operativa y sirva de algo».
En este sentido, afirmó que «si las personas y todas las administraciones no lo comparten, no lo sienten y hay un rechazo, porque los objetivos que se persiguen son muy urgentes no se lograrán».
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, evaluó la colaboración con el gobierno para elaborar la ley y reconoció que es «innegable» que el alquiler vacacional dificulta el acceso a viviendas para los habitantes, especialmente en las Islas Capitalinas, aunque entiende que en las islas menores es un complemento de alquiler para las familias.
Por lo tanto, solicitó «razonabilidad y racionalidad» y que el alquiler vacacional «no esté prohibido al establecer parámetros de cumplimiento imposibles», mientras que advirtió sobre los riesgos perturbadores de la ley en las Islas Verdes.
Jesús Machín, el ministro de planificación territorial, política territorial, planificación turística y actividades clasificadas del Cabildo de Lanzarote, apreció la «determinación» y el coraje para cumplir con la regulación del alquiler vacacional.
Él reclamó «equilibrio y consideración» y no condenó las viviendas turísticas, ya que en muchos municipios estos ingresos son útiles para los estudios de los jóvenes de Tenerife y Gran Canaria.
También advirtió que para los municipios con menos de 10,000 habitantes, será «muy difícil» cumplir con los requisitos de las nuevas leyes debido a la falta de recursos técnicos y humanos.
Tenerife: defiende al pequeño propietario
José Miguel Ruano, vicepresidente y consejero de la presidencia, administración, servicios públicos, planificación territorial y patrimonio histórico, se mostró a favor de una ley de emergencia para la suspensión de licencias.
Él enfatizó que esta nueva regulación «es un desafío» y entiende que debe facilitarse que «aquellos que tienen una casa simplemente puedan alquilarla y aquellos que tienen la intención de llevar a cabo, de los fondos de inversión y otras actividades, deben seguir la ruta del turismo».
El Ministro de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, comentó que la ley busca defender el «interés general» del Canario y garantizar el derecho a una vivienda digna, lo que también permite la «conservación de la identidad» de los barrios y pueblos.
Reconoció que el mercado inmobiliario está bajo «tensión» y que el alquiler vacacional ha aumentado en un promedio de más del 30%, y dijo que hay una moratoria de facto, porque «no se pueden otorgar nuevas licencias hasta que haya planificación».
El borrador de la ley ha recibido más de 3,300 contribuciones, evitando la comercialización turística de edificios completos y asegurando que esta modalidad no se expanda en áreas tensas.
El portavoz del grupo mixto, Raúl Ancesta (AHI), dijo que el gobierno fue «muy valiente» al enfrentar la nueva regulación del alquiler vacacional, ya que es uno de los «grandes retos» del Ministerio de Turismo.
Dijo que el crecimiento del alquiler vacacional en todas las islas no debería ser «criminalizado» y pidió especificidades para vecindarios, ciudades e islas, señalando que en El Hierro, por ejemplo, ha permitido el desarrollo del turismo. «Para El Hierro es esencial, nuestra economía es muy frágil», añadió.
ASG: El impacto «desigual» de las islas
Mendoza Melody (ASG) reconoció el «avance» del ministerio, pero advirtió que el impacto del alquiler vacacional es «desigual» y debe ser modulado por los territorios, con una sensibilidad especial para las «islas verdes».
«La clave del éxito no estará solo en la aprobación de esta ley, sino en su correcta aplicación y, sobre todo, al evaluar que debemos hacer que esta norma sea constante», dijo.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, culpó a las administraciones públicas por no garantizar el acceso a viviendas para los ciudadanos y criticó los «ataques» de la ley a la propiedad privada, ya que un propietario «no es un especulador malvado».
«Estamos hablando de una gran mayoría de estos propietarios. No estamos hablando de grandes fondos de inversión, estamos hablando del canario promedio que tiene un apartamento y quiere alquilarlo, y debemos defender esto correctamente», explicó.
Luis Campos, portavoz de NC-BC, lamentó la falta de regulación del gobierno para un subsector turístico que «ha llegado para quedarse», por lo que considera que esta normativa es «necesaria», ya que el alquiler vacacional «despersonaliza» los vecindarios y afecta la convivencia.
«Necesitamos tiempo para no cometer errores, no para cometer errores que estamos heredando», dijo, señalando que «hay tiempo» para aprobar una moratoria.
Juan Manuel García Casañas (PP) comentó que la ley ayudará a lograr un «equilibrio» entre el desarrollo turístico y el acceso a viviendas, y específicamente en el caso de El Hierro, destacó que el alquiler vacacional se ha convertido en un «motor económico» de la isla.
José Miguel Barragán, portavoz del grupo nacionalista, vinculó la regulación del alquiler vacacional con el «desafío demográfico» y considera que las camas en las Islas Canarias deben limitarse, pero solo en hoteles y apartamentos.
«Se debe preservar para que siga siendo una actividad, porque ha llegado para quedarse», dijo, prediciendo que el turismo cambiará en los próximos años y habrá una demanda de viviendas en zonas rurales.
Gustavo Santana, del grupo socialista, advirtió sobre la falta de consenso en la nueva ley, por ejemplo, lamentó el «efecto llamada» con el registro de nuevas viviendas turísticas, más de 64,000 hoy, y solicitó nuevamente una moratoria.
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