Ascav ha presentado este lunes ante el Parlamento de Canarias un total de 6.067 firmas de particulares y 685 manifiestos de asociaciones, federaciones y empresas canarias para pedir una moratoria «limitada y urgente» de un año y que se negocie un nuevo proyecto de ley de vivienda vacacional.
Así lo ha avanzado a los periodistas la presidenta, Doris Borrego, quien ha señalado que los propietarios no pueden cumplir de momento con la actividad clasificada de tal forma que las viviendas que ya se encuentran registradas «queden consolidadas al 100%».
Igualmente ha planteado que todos aquellos apartamentos y bungalows que se comercializan por separado en complejos, que no tienen unidad de explotación, también tengan la posibilidad de alquilarlos vacacionalmente.
Borrego ha recordado que el proceso de participación ciudadana de la nueva ley «ha sido aplastante», con más de 5.000 alegaciones al anteproyecto, el 67% de ellas en contra.
Incluso ha apuntado que se logró participar en el procedimiento parlamentario y pese a su camino «engorroso y difícil» se lograron presentar más de 990 alegaciones en pocos días, lo que demuestra, a su juicio, que «las familias canarias deben seguir participando en el sector turístico de Canarias porque el dinero se queda aquí y porque también tienen derecho a poder beneficiarse de una actividad económica tan importante como es el turismo».
La presidenta de la asociación ha indicado que los propietarios de vivienda vacacional no son los «principales causantes» de la falta de vivienda en Canarias «puesto que hay 30.000 viviendas en venta, 211.000 viviendas vacías y más del 40% de todas las viviendas que se alquilaban a familias canarias han salido del mercado por culpa de una ley de vivienda que ya no les da seguridad jurídica a los propietarios».