Curbelo se une a petición de revertir concesión privada de control aéreo en Canarias
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha expresado su profunda preocupación por la gestión de los servicios de control aéreo en los aeropuertos de Canarias. En un comunicado reciente, Curbelo manifestó su respaldo a la solicitud de varios cabildos y de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revoque la concesión otorgada a la empresa privada que actualmente opera en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
El presidente insular alertó sobre los problemas financieros y organizativos que enfrenta la compañía adjudicataria, los cuales no solo afectan las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también generan inquietud en cuanto a la seguridad de las operaciones aéreas en infraestructuras clave para el Archipiélago.
Curbelo destacó que, a pesar de que el Aeropuerto de La Gomera opera bajo el sistema AFIS, esta situación refuerza la necesidad de revisar a fondo el modelo de gestión aérea en Canarias. Según él, la experiencia indica que delegar en manos privadas servicios esenciales relacionados con la seguridad aérea representa un riesgo inasumible para territorios insulares como el suyo.
En este sentido, solicitó la eliminación del sistema AFIS en La Gomera y la implementación de un modelo de control que garantice niveles superiores de operatividad y seguridad, fundamentales para la conectividad de la isla.
El transporte aéreo, junto con el marítimo, constituye la única vía de conexión para las islas, por lo que la gestión de las torres de control y los sistemas de seguridad aérea debe ser de carácter público de manera estable y definitiva, sin verse condicionada por intereses empresariales o de rentabilidad económica.
Por último, Curbelo subrayó que la conectividad aérea no solo es un tema técnico, sino una cuestión estratégica que define el estilo de vida y las oportunidades de desarrollo de la región. Por tanto, instó al Gobierno del Estado a tomar decisiones con sensibilidad, considerando el impacto directo en la cohesión social, el turismo y la economía de Canarias.
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